¡No es lo mismo equivocar un voto que un fallo!

El jurado popular aumenta las chances de un error judicial

Hay una notable diferencia entre votar y juzgar. Cualquier persona de recto juicio intelectual lo puede apreciar. El Estado no es tuyo, mío, ni del vecino, sino que es de todos, por lo que resulta razonable que a través del voto, todos decidamos el destino del Estado.

Es cierto que todos somos más o menos ignorantes en las cuestiones que hacen al mejor gobierno, pero si nos equivocamos ―que es lo que frecuentemente ocurre― no nos podemos quejar: todos decidimos sobre lo de todos, y nadie puede alegar su propia torpeza.

Pero la libertad del reo no es mía, tuya, del vecino, ni de nadie más salvo del imputado. Y los derechos de la víctima tampoco son míos, suyos, del vecino, ni de nadie más que de la víctima. No decidimos sobre lo de todos, sino sobre la vida y libertad del acusado y sobre los derechos de la víctima. Nuestra ignorancia habrá de padecerla otro, que tranquilamente puede alegar en su descargo nuestra torpeza, la cual no le es en nada imputable. El encausado y la víctima tienen derecho a que juzgue alguien que sabe de justicia y el Estado tiene la obligación de poner el juzgamiento en manos de personas letradas, adiestradas y expertas.

Por ello, rechazo el argumento comparativo de que, quien esté preparado para votar, lo está para juzgar. Creo que salta a la vista que se trata de actividades de naturaleza incomparable, porque la elección es siempre transitoria y colectiva, mientras que una condena o absolución firme a un tercero es una opción definitiva, con consecuencias tan graves como irreparables en caso de error.

Equivocarse en el voto eleccionario es algo que pertenece a la conciencia política, mientras que la posibilidad de condenar a un inocente, o de absolver a un culpable, constituyen conflictos éticos que pueden acarrear grave perjuicio directo contra terceros, que el Estado debe desalentar y prevenir celosamente.