El juicio por jurado propicia la violación de derechos individuales

El juicio por jurados es una invitación a la tortura

La razón principal por la cual actualmente no se tortura, no se aplican apremios, no se aprieta ni se hostiga a los ciudadanos sometidos a proceso penal, es que la prueba obtenida con tales métodos no podría tener validez en un juicio. Los jueces saben perfectamente que si valoran esa prueba para fundar una condena, la sentencia será revocada inexorablemente.

Cosa diferente ocurre con el jurado, que no tiene que explicar por qué condena. Todas las pruebas obtenidas ilegalmente vuelven de pronto a cobrar utilidad. El jurado puede valorarlas sin problema. ¡Que importa si el juez dice que no se pueden considerar! El jurado no tiene que explicar por qué condena, así que puede valorar lo que quiera sin rendir cuentas.

Después de tantos esfuerzos por parte de los gobiernos democráticos para lograr una policía respetuosa de los derechos individuales, volvemos a transformar el proceso penal en tierra fértil para que vuelva a germinar la policía de hace treinta años.

Por plata baila el mono... ¿y el jurado?

El jurado en manos del mejor postor

Los promotores del juicio por jurados argumentan: “Es más fácil sobornar a un juez que a doce jurados. Por eso el jurado es menos permeable a la corrupción”. Como siempre, se trata de un argumento falaz destinado a atribuir al juicio por jurados supuestas ventajas que son inexistentes.

Para obtener un veredicto condenatorio en los delitos más graves, las leyes procesales exigen que la decisión del jurado sea unánime, es decir, es necesario que los doce miembros del jurado voten por la culpabilidad para condenar a una persona. Si uno solo de los jurados vota por la “no culpabilidad”, se impone absolver al encausado. Por ello, es falso que sea necesario sobornar a doce jurados para obtener un veredicto favorable: ¡sólo es necesario sobornar a uno solo!

En contraposición, en las causas que no interviene el jurado, debe actuar un tribunal criminal, es decir, un órgano compuesto por tres jueces. De modo que para obtener un veredicto favorable por parte de un tribunal criminal no basta con sobornar a un solo juez (como con el jurado) sino que se impone sobornar a dos de los tres jueces.

La pregunta que se impone es: ¿qué piensan que es más sencillo: hallar a un jurado sobornable entre doce personas sorteadas del padrón electoral o hallar a dos jueces sobornables entre tres jueces que han sido nombrados mediante concurso de idoneidad?

Y esa interrogante nos suscita una pregunta inquietante: ¿son todas honestas las personas sorteadas para integrar un jurado? Hagamos un ejercicio: si dejamos 12 billeteras con dinero en la vía pública con datos del dueño para que sean halladas por personas indeterminadas, ¿serán devueltas todas? Naturalmente no es lo mismo aceptar un cohecho que devolver o no una billetera, pero no hay que idealizar a las personas que conformarán el jurado, pues al no ser elegidas de ninguna forma, su honestidad no se puede testear de ningún modo.

La llamada “selección del jurado” no tiene nada de selección. Se trata apenas de una acotada posibilidad de veto que ejercen las partes sobre algunos de los jurados que ostensiblemente no les conviene. Las partes del proceso no procuran seleccionar un jurado justo y honesto, sino un jurado que falle como necesitan. No se selecciona al jurado, sino el veredicto que se desea. Y cuando hay dinero de por medio y muchos intereses en juego, los límites no existen.

No es casual que en países como Estados Unidos, de tradición juradista, existan buffetes de abogados con personal abocado a la investigación, seguimiento y cooptación de jurados. Y es previsible que en poco tiempo se genere en nuestro país un promisorio mercado judicial, una suerte de shopping jurídico cuyos beneficiarios serán siempre los criminales con menos escrúpulos y más ingresos.

“Lo que pasa es que los jueces son todos corruptos”, dice la gente. Doy fe de que muy pocos los son. La honestidad de la inmensa mayoría de los jueces está asegurada, porque a los jueces sí se los selecciona. En cambio, los juicios por jurado no garantizan en lo más mínimo la transparencia de la administración de justicia. Todo lo contrario: dan mayores chances a la corrupción.

Sin contar con que para obtener un veredicto favorable hace falta sobornar a menos jurados que jueces, lo que facilita la “compra” de un veredicto si interviene un jurado popular (recordemos que en EE.UU. el mafioso Al Capone logró en su momento comprar a todo un jurado), encima los jurados son presas mucho más fáciles. 

Imaginemos cómo pensaría un juez al que se pretende corromper. Le ofrecen dinero. ¿Qué hace? ¿Lo toma? Y si lo toma, ¿qué riesgos corre? Un juez tiene mucho para perder. Lo primero es su reputación. También el trabajo, que es estable y no está mal pago. ¿Qué chances de quedar impune tiene? Pocas. Tiene el obstáculo de tener que fundar una sentencia a contramano de la prueba producida en el juicio, lo que enseguida le pondría al descubierto.

Ahora imaginemos cómo pensaría un jurado al que se pretende corromper. Si se deja sobornar, ¿qué arriesga? Nada. No tiene que sostener ninguna reputación y no peligra su trabajo, que nada tiene que ver con la tarea de juzgar. ¿Qué chances tiene de quedar impune? Todas. Como no tiene que fundar su decisión y su voto es secreto, nunca queda al descubierto y nadie lo va a poder juzgar jamás. ¡Es la coima perfecta!

Es un hecho comprobado que el jurado es mucho más permeable a la corrupción que los jueces. ¿Esto significa que con jurados habrá más corrupción? Es difícil saberlo. Pero lo cierto es que el peligro es mucho mayor y el control casi imposible.

¡No me obliguen a hacer cosas que no sé!

La ley de juicio por jurados obliga a juzgar a personas inexpertas

La designación de los miembros del jurado es inconstitucional, aunque el sistema haya quedado ―por un evidente anacronismo― previsto en nuestra Ley Fundamental.

Si mañana me notifican que he sido sorteado para realizar una operación quirúrgica, ante todo pensaría que me están tomando el pelo.

―No, el legislador ha establecido “cirugías por jurado” ―me dicen.

Como soy un ciudadano responsable, replico:

―Yo no estoy capacitado para operar…¡llamen a un cirujano!

Pero me responden:

―Los cirujanos tienen prohibido operar.

Asustado les digo:

―Ustedes no me pueden obligar a perjudicar a otro al hacer algo para lo que no estoy capacitado.

―Sí podemos ―me contestan.

―¡Pero eso tiene que ser inconstitucional! ―grito desesperado con el bisturí en la mano y el paciente en el quirófano.

―No, para nada, es una carga pública y a la vez un derecho ciudadano.

Todo esto suena estúpido, ¿no? Pues precisamente de eso se trata el juicio por jurado: de excluir a las personas que saben cómo juzgar y, en su reemplazo, obligar a quienes no están capacitados, aunque no quieran hacerlo y aunque perjudiquen al acusado.

Hacer una cosa para la cual no estamos capacitados, no puede configurar una carga pública ni un derecho ciudadano. Es por ello que el art. 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes son "admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad".

Una ley que impone a los ciudadanos un deber que no puede imponer o acuerda un derecho que no puede acordar, deviene irremediablemente inconstitucional. Ergo: ¡el juicio por jurados es inconstitucional!

¿Qué hay de la aptitud mental del jurado?

Nadie examina la apitud mental de los miembros del jurado

Los miembros del jurado pueden no estar capacitados psíquica y moralmente para juzgar. Si lo están o no en cada caso, sólo Dios sabe.

A los jueces se los somete a exhaustivos exámenes psicológicos y psiquiátricos y a rigurosas entrevistas personales. La idea es no poner el destino de las personas en manos de un loco, un perverso, un psicópata o un débil mental.

¿Usted cree que un sorteo dentro del padrón electoral da mayores garantías de aptitud mental? El mensaje al imputado es: “si te juzga un jurado popular integrado por locos, tontos, inmorales o perversos… ¡cuánto lo lamentamos!

¡No manden a los estrados judiciales gente que no está capacitada para juzgar!

El jurado inexperto no está capacitado para juzgar rectamente

Los miembros del jurado no son personas capacitadas para juzgar. Decirlo no es simpático ni políticamente correcto, pero es la pura verdad.

El derecho penal es una ciencia muy sofisticada, de la cual el jurado no tiene ningún conocimiento. Y el juzgamiento es una tarea nada sencilla, de la cual el jurado carece de toda preparación y práctica.

Usted pensará: “estos jueces se creen seres superiores capaces de hacer cosas vedadas para el resto de los mortales”. Nada de eso. Los jueces podrán ser muy vanidosos, pero lo único que hacen mejor que nadie es su labor. Y cuando hacen lo que no saben, son tan burros como cualquiera.

¿No me creen? Dénle a un juez una cuchilla y una media res para despostar, y van a ver cómo el carnicero se agarra la cabeza. Y con toda razón, porque un juez en una carnicería es tan inútil como un carnicero en un estrado judicial. Y digo carnicero, pero se aplica al mecánico, comerciante, ingeniero, médico, dentista, plomero, legislador, empresario o cualquiera que no sea un juez.

Los jueces, que son inservibles en todo lo que no hace a su oficio, se comprometen a no inmiscuirme en las labores ajenas, pero con toda razón piden al legislador que ¡por favor no mande a los estrados judiciales gente que no está capacitada para juzgar!

¡Cualquiera puede juzgar! ¡Basta con tener un poco de sentido común! ―proclaman los iletrados. Pero no es cierto. El sentido común es muy limitado; es un ave de corto vuelo. No alcanza para construir edificios, reparar motores, sembrar el campo, ni curar enfermedades. Tampoco para juzgar delitos. Para todo esto se requieren conocimientos especializados.

Claro que hay jueces que dejan mucho que desear. Le aseguro: a mí me dan más bronca que a usted. Y es obvio que no existen jueces infalibles. No hay juez que no se mortifique al pensar que algún día se pueda equivocar. Pero la inmensa ventaja de los jueces letrados es que, en términos globales, mejoran notablemente la calidad de la justicia penal.

Usted dirá: “los jurados, sin saber tanto como los jueces, a veces aciertan”. No lo niego. Pero ¿qué mérito hay en eso? Un reloj roto también acierta dos veces al día. Lo fatídico es que los jurados, a diferencia de los jueces, se equivocan muy a menudo. El resultado: muchos inocentes presos (porque sí) y muchos culpables libres (porque sí).

Es una lástima que los juicios criminales no nos brinden una devolución de los yerros cometidos. Si hubiera “cirugías por jurado”, la pila de muertos por mala praxis de inmediato pondría al descubierto la insensatez. En cambio, luego del juicio, el jurado puede irse satisfecho de su labor aunque haya condenado de por vida a un inocente o haya absuelto de culpa y cargo a un culpable.

El jurado es despótico, arbitrario, autoritario, dictatorial, tiránico.

El jurado condena "porque sí"

En la sala de audiencias de un tribunal criminal se encuentra el acusado de pie, a la espera del veredicto final.

 ―Usted es culpable ―proclaman los juzgadores.
 ―¿Por qué? ―pregunta el inculpado.

―Porque nosotros lo decimos.

 ―Pero, ¡denme alguna razón! ¿Por qué lo dicen? ―demanda el reo.

 ―Porque sí.

Usted pensará que se trata de una escena registrada en algún país sumido en la peor tiranía, pero no: es lo que ocurre en todos los juicios por jurado.

El juicio por jurado es un sistema de enjuiciamiento en el que doce personas designadas por sorteo del padrón electoral tienen la función de juzgar los delitos.

Es promocionado como el sistema más democrático, avanzado, progresista y justo para la administración de la justicia penal, pero es ―en realidad― el más tiránico, primitivo, retrógrado e injusto concebido en Occidente.

El jurado es despótico, arbitrario, autoritario, dictatorial, tiránico, o el adjetivo análogo que usted prefiera. No porque sus miembros lo sean, sino porque la ley los obliga a actuar como tales.

Todo aquel que decida sobre la culpabilidad o inocencia de una persona y, por tanto, tenga la potestad de confinar a alguien a la cárcel, incluso de por vida, o pueda absolverlo de toda culpa, al menos debería fundamentar en qué se basa para tomar semejante resolución.

Los jueces lo hacen. Fundan sus sentencias explicando las razones que los llevan a condenar o absolver. Estos fundamentos deben ser razonados y lógicos, quedan plasmados por escrito y están sujetos a la revisión judicial.

Los jurados, en cambio, no deben fundamentar nada. La ley les impone actuar como déspotas y decidir sobre el destino de una persona sin dar explicaciones. Lo único que deben hacer es declarar al reo “culpable” o “no culpable”, sea esta decisión hija de una convicción razonada o de un capricho, una mala digestión, la opinión de una tía o la portada de un diario.

Esto, por supuesto, es absolutamente inadmisible para nuestro sistema republicano de gobierno (art. 1°, Const. Nac.), que impone que todos los actos de gobierno tengan la debida fundamentación y prohíbe los actos arbitrarios.

Si le digo que alguien es arbitrario, ¿usted cómo se imagina a esa persona? Si se la imagina como alguien caprichoso y tiránico, que hace las cosas porque así se le antoja, sin explicar por qué, usted está describiendo cabalmente el modo en que la ley obliga a actuar al jurado.

¿Qué diría usted de un padre que castiga a su hijo "porque sí", sin decirle por qué? El niño recibe una paliza y al preguntar "¿qué hice?", el padre ni le contesta. ¿Diría usted que es buen padre? No creo. Más bien todos diríamos que es un padre tirano, déspota ¿no? Bueno, eso es lo que hace el jurado: condena porque sí, sin explicar al reo por qué.

No hay que dejarse engañar: el sistema de juicios por jurado no "democratiza" nada. Todo lo contrario: el juicio por jurado tiraniza la justicia penal, quedando la justicia penal en manos de doce déspotas.

Perverso instrumento de sujeción popular

El lema de los políticos es: juzgá vos así yo no me hago responsable

El juicio por jurado es un perverso instrumento de sujeción popular, ya que si la justicia funciona peor (lo cual va a pasar con los jurados), los gobernantes podrán decir: "la justicia está en manos de la gente, la culpa es de la gente". Es una forma que utilizan los gobernantes para quitarse toda responsabilidad en la administración de justicia.

¿Qué pasa si un inocente queda preso? ¡Así lo decidió el pueblo! ¿Qué ocurre si el culpable queda libre? ¡Ha sido la voluntad popular! ¿Quién responde ante las aberraciones de la justicia? Nadie, porque al jurado no se lo puede remover ni enjuiciar. El jurado es irresponsable. "El pueblo ha dado su veredicto", dirán los gobernantes y se lavarán las manos como Poncio Pilato.